Desde el lanzamiento de Windows 11 en 2021, Microsoft ha adoptado una estrategia que ha suscitado un amplio debate: restringir el acceso a la actualización del sistema operativo únicamente a aquellos equipos que cumplen con unos nuevos y exigentes requisitos de seguridad, entre ellos la obligatoriedad del chip TPM 2.0. Esta decisión ha dejado fuera a millones de dispositivos que, aunque plenamente funcionales, no cuentan con dicho módulo, lo que ha generado un problema creciente a medida que se acerca el fin del soporte para Windows 10, previsto para octubre de 2025.
La compañía justifica esta medida en términos de seguridad, alegando que el TPM 2.0 es esencial para proteger la integridad del sistema y los datos del usuario. Sin embargo, esta decisión ha tenido un impacto que va más allá de lo técnico: ha creado una barrera económica y social, ya que los dispositivos afectados son en su mayoría modelos anteriores a 2017, aún en uso en entornos domésticos, educativos, administrativos y empresariales.
-TPM 2.0: un requisito clave, no exento de polémica
El Trusted Platform Module, o TPM, es un chip diseñado para proporcionar funciones criptográficas seguras. Su función principal es la de verificar que el sistema no ha sido alterado de forma maliciosa antes de iniciarse, impidiendo el arranque si se detecta alguna anomalía. Además, permite la activación de funciones como el cifrado completo del disco mediante BitLocker, el arranque seguro o el uso de métodos de autenticación biométrica como Windows Hello.
Pese a que esta tecnología lleva años disponible, su adopción no era obligatoria ni común en todos los equipos, especialmente en los de gama baja o fabricados antes de su implementación generalizada. Esto provocó que una gran parte del parque informático global quedase automáticamente descartado para recibir Windows 11, a pesar de contar con la potencia técnica suficiente para ejecutarlo con normalidad.
-Seguridad versus accesibilidad: una paradoja inquietante
El enfoque de Microsoft, basado en reforzar la seguridad del sistema mediante requisitos estrictos, podría acabar teniendo el efecto contrario. Se estima que más de 400 millones de dispositivos con Windows 10 no cumplen con las condiciones necesarias para actualizarse, y quedarán sin soporte oficial una vez finalizado el ciclo de vida del sistema. Esta situación es especialmente alarmante en regiones donde los recursos económicos son limitados, y donde instituciones públicas, centros educativos y familias dependen de equipos que pronto dejarán de recibir actualizaciones críticas de seguridad.
Lejos de mejorar la protección de los usuarios, esta exclusión masiva podría derivar en un aumento significativo de los ataques cibernéticos, incluyendo la propagación de malware, ransomware y otras amenazas. Además, la coexistencia prolongada de versiones obsoletas de Windows sin soporte fragmentará el ecosistema, dificultando aún más la gestión de la ciberseguridad a escala global.
-Las opciones disponibles: entre la resignación y el cambio forzado
Para quienes poseen equipos no compatibles con Windows 11, el abanico de posibilidades no resulta especialmente alentador. Permanecer en Windows 10 una vez concluido el soporte implica aceptar los riesgos asociados a la falta de parches de seguridad. Otra alternativa es forzar la instalación de Windows 11 utilizando herramientas no oficiales que eluden las restricciones, aunque estas prácticas pueden derivar en una experiencia inestable o incluso vulnerar términos legales.
Existe también la posibilidad de migrar a sistemas operativos alternativos como Linux, que representan una opción segura y viable, pero que aún suponen una barrera de entrada para muchos usuarios por su distinta lógica de uso. Por último, la solución que Microsoft plantea de forma implícita adquirir un nuevo equipo compatible implica una inversión económica que no todos están en condiciones de afrontar, lo que añade una capa más de desigualdad tecnológica.
-Una decisión que marca el futuro del ecosistema
La elección de Microsoft de priorizar una arquitectura más segura mediante la imposición del TPM 2.0 marca un giro en la evolución del ecosistema Windows, pero también evidencia una desconexión con las realidades del mercado global. Si bien el objetivo de reforzar la protección del sistema operativo es legítimo, las consecuencias de marginar a una parte tan significativa de su base de usuarios podrían tener un impacto negativo tanto en términos de ciberseguridad como de equidad digital.
La necesidad de encontrar soluciones inclusivas y sostenibles es más urgente que nunca. Mientras tanto, millones de dispositivos en todo el mundo avanzan hacia un futuro incierto, atrapados entre la obsolescencia impuesta y la falta de alternativas reales que garanticen continuidad, seguridad y accesibilidad.